Protestas en Colombia entran en su tercera semana, líderes advierten que continuarán

Por Luis Jaime Acosta y Oliver Griffin

Las manifestaciones, en rechazo a un plan fiscal del Gobierno para subir impuestos que tuvo que ser retirado, comenzaron el 28 de abril, pero ahora las demandas se ampliaron a un ingreso básico para las familias más pobres, el fin de la violencia policial y mejoras al sistema de salud y educación, entre otras.

Los bloqueos en las carreteras han provocado el retraso en las exportaciones de más de medio millón de sacos de café de 60 kilos, además de escasez de alimentos y combustibles en las principales ciudades del país de 50 millones de habitantes.

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calculó en unos 1.620 millones de dólares el impacto económico de las protestas, al tiempo que el Ministerio de Agricultura señaló que los cierres de las vías han imposibilitado la movilización de 700.000 toneladas de alimentos y el país comenzó a importar combustible desde Ecuador ante el desabastecimiento.

Duque ofreció un diálogo y llamó a evitar la violencia de todos lados suavizando su discurso, pero las manifestaciones y los bloqueos continúan, en medio del escepticismo de los líderes de las protestas de que las promesas del Gobierno conduzcan a cambios concretos.

“Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo o como un terrorista o como un criminal” dijo el mandatario en una reunión con estudiantes. “También es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la Fuerza Pública”.

En medio de las protestas, Duque anunció educación universitaria gratuita para los estratos 1, 2 y 3 de la población a partir del segundo semestre.

Las manifestaciones del miércoles contrastaron con el desbordamiento de otras jornadas en algunas ciudades en donde hubo saqueos, actos de vandalismo y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía, que dejan alrededor de 41 civiles muertos, según un conteo de la Defensoría del Pueblo, aún en proceso de verificación.

Pero grupos de derechos humanos locales e internacionales denunciaron que el número puede ser mayor.

A su turno, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo que si bien Duque modificó su posición, “faltan las garantías para ejercer el derecho a la negociación” y advirtió que “mientras el Gobierno se manifiesta, va a continuar el paro y las movilizaciones”.

La enfermera Paula García, de 22 años, confió en que se pueda detener una reforma de salud después del retiro de la reforma fiscal. “Si nos unimos, podemos tener éxito”, dijo tras llegar a la Plaza Bolívar, en el centro de Bogotá.

“ESTALLIDO SOCIAL”

Muchos países latinoamericanos, que ya sufren profundas desigualdades, se han visto gravemente afectados por el COVID-19 que ha provocado el retroceso de los avances contra la pobreza logrados antes de la pandemia.

“Este estallido social se venía arrastrando desde hace muchos años. El Gobierno nos está censurando, nos está matando, nos está metiendo una reforma a la salud, una reforma pensional”, dijo John, de 19 años y quien se identificó como uno de los líderes de un bloqueo de alrededor de 100 personas en una céntrica autopista de Cali.

“Aquí lo que queremos es un cambio, por eso estamos resistiendo”, agregó mientras cubría su rostro con una camiseta de la selección colombiana de fútbol y usaba una gorra negra.

Protestas similares por la desigualdad y el impacto del COVID-19 pueden ocurrir en otros países como Brasil, advirtió Gimena Sánchez, directora para los Andes de la Oficina de Washington para América Latina, aunque ese no es el único problema que aviva el descontento en Colombia.

“Las protestas en Colombia no son solo por el COVID, son sobre la ira hacia Duque por la represión policial desde 2019, no avanzar en el acuerdo de paz de 2016, el aumento de masacres y asesinatos de líderes sociales y la percepción de los colombianos de clase media y trabajadora de que él solo está interesado en hacer avanzar las agendas de las élites económicas y políticas a sus expensas”, dijo.

La crisis social e incertidumbre en torno a la situación financiera del país provocó una fuerte depreciación del peso de hasta casi un 7% en su peor momento la semana pasada, así como una desvalorización de la deuda pública y la bolsa, e inversores y analistas ven muy probable una pérdida del grado de inversión de la nación por parte de las agencias calificadoras de riesgo.

 

(Reporte de Luis Jaime Acosta y Oliver Griffin, Reporte adicional de Carlos Vargas, Escrito por Nelson Bocanegra, Editado por Manuel Farías)