Protestas en Colombia entran en su tercera semana con huelga nacional

Por Luis Jaime Acosta y Oliver Griffin

Las protestas, en rechazo a un plan fiscal del Gobierno para subir los impuestos que después fue retirado, comenzaron el 28 de abril.

Pero ahora las demandas de los manifestantes se ampliaron y exigen un ingreso básico para las familias más pobres, el fin de la violencia policial y mejoras a los sistemas de salud y educación, entre otros.

Duque ofreció un diálogo, pero las manifestaciones y los bloqueos de carreteras en todo el país continúan, en medio del escepticismo de los líderes de las protestas de que las promesas del Gobierno conduzcan a cambios concretos.

Las protestas se desbordaron en algunas ciudades con saqueos, actos de vandalismo y enfrentamientos entre manifestantes y la policía que dejan hasta 40 civiles muertos, según un conteo de la Defensoría del Pueblo, aún en proceso de verificación.

Pero grupos de derechos humanos locales e internacionales denunciaron que el número de víctimas puede ser mayor y acusaron a la policía por los asesinatos.

Muchos países latinoamericanos, que ya sufren profundas desigualdades, se han visto gravemente afectados por el COVID-19 que ha provocado el retroceso de avances contra la pobreza logrados antes de la pandemia.

Protestas similares por la desigualdad y el impacto del COVID-19 pueden ocurrir en otros países como Brasil, advirtió Gimena Sánchez, directora para los Andes de la Oficina de Washington para América Latina, aunque ese no es el único problema que aviva el descontento en Colombia.

“Las protestas en Colombia no son solo por el COVID, son sobre la ira hacia Duque por la represión policial desde 2019, no avanzar en el acuerdo de paz de 2016, el aumento de masacres y asesinatos de líderes sociales y la percepción de los colombianos de clase media y trabajadora de que él solo está interesado en hacer avanzar las agendas de las élites económicas y políticas a sus expensas”, dijo.

Países como Estados Unidos y Reino Unido condenaron la violencia en las protestas, mientras que Naciones Unidas y la Unión Europea denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

Los bloqueos de las carreteras por parte de los manifestantes en el país de 50 millones de habitantes comenzaron a provocar escasez de alimentos y combustibles en las principales ciudades.

La crisis social e incertidumbre en torno a la situación financiera del país provocó una fuerte depreciación del peso de hasta casi un 7% en su peor momento la semana pasada, así como una desvalorización de la deuda pública y la bolsa.

Incluso, inversores y analistas ven muy probable una pérdida del grado de inversión de la nación por parte de las agencias calificadoras de riesgo si la cuarta economía de América Latina no logra asegurar la reforma fiscal.

 

(Reporte de Luis Jaime Acosta y Oliver Griffin, editado por Nelson Bocanegra)