Estonia confirma que no prohibirá el uso de criptodivisas en su nueva ley

El gobierno de Estonia ha estado trabajando en un proyecto de ley que busca regular la industria de las criptodivisas en el país y varias preguntas han surgido por lo mismo.

Es por ello que el Ministerio de Finanzas de la nación aseguró que dicha ley no prohibirá el uso o la operativa con criptos.

Rumores en redes sociales

El estamento tuvo que salirle al paso a los rumores que empezaron a surgir sobre la legislación en la que estaba trabajando el gobierno, debido a que se decía que dicho proyecto buscaba prohibir el uso de wallets “non-custodial” y de aplicaciones DeFi.

Offering a non-custodial wallet in Estonia comes with a fine up to €400,000 pic.twitter.com/NiJSqIdKhW

— Mikko Ohtamaa 🐮 (@moo9000) December 31, 2021

Es menester recordar que dichas wallets le permiten al usuario tener el control total de sus propias criptos gracias al acceso directo y la propiedad absoluta de sus llaves privadas.

Algunos tweets comenzaron a surgir en donde sugerían que dicha ley establecía una multa de alrededor 400.000 euros a aquellos proveedores que ofrecieran ese tipo de wallets en Estonia. Además, se advertía de que el gobierno buscaba banear el uso y la propiedad de Bitcoins (BTC).

Lo que realmente dice la ley

En realidad, la nueva legislación busca que las personas que deseen usar servicios relacionados con criptodivisas en el país deben pasar por un control de identidad para prevenir el lavado de dinero.

Esto en respuesta a los lineamientos planteados por el Financial Action Task Force (FATF) para regular a los proveedores de activos digitales (VASPs).

La ley busca que, dependiendo del tipo de servicios que ofrezca la proveedora de criptos, las empresas tengan un capital mínimo en acciones de 125.000 o 350.000 euros.

El Ministerio de Finanzas aclaró que las aplicaciones dApps y las wallets “non-custodial” también estarán bajo esta legislación y tendrán el mismo tratamiento que la FATF ya les ha dado en sus lineamientos.

Se espera que el proyecto de ley pase al Parlamento y una vez que sea aprobado, este pueda tener efecto en la primera mitad del presente año.